EEUU premia a Foro Penal por “mostrar al mundo violaciones” de DDHH en Venezuela

EFE
El Gobierno de EE.UU. concedió hoy un premio a la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, por su trabajo en defensa de los “prisioneros políticos” en Venezuela y por “mostrar al mundo las violaciones” de derechos humanos que ocurrieron durante las protestas del año pasado en ese país, publica Noticiero Digital

El Departamento de Estado de EE.UU. concedió su premio anual de Defensores de los Derechos Humanos a Foro Penal, una organización de abogados y defensores de los derechos humanos que realiza labores de asesoría y defensa legal.

“Gracias a su meticulosa documentación, el mundo entero vio, y el Gobierno venezolano no pudo negar de forma creíble, las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante las protestas” antigubernamentales que vivió Venezuela durante la primera mitad de 2014, dijo el subsecretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken.

El premio busca destacar el trabajo de la sociedad civil “que persevera frente a la represión gubernamental”, añadió Blinken en el acto de entrega del galardón.

“El riesgo para Foro Penal es muy real, pero su trabajo sigue adelante”, afirmó el alto funcionario estadounidense, quien dijo que integrantes de la organización han sido “acosados, detenidos o agredidos físicamente”.
Blinken entregó el premio, consistente en una placa conmemorativa, al fundador y director de Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, y al director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero.

La organización aceptó el premio en nombre de los “compañeros que defienden los derechos humanos en Venezuela”, en palabras de Romero.
“Lo que queremos ver es que aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente salgan de prisión. El mejor premio sería que los 75 prisioneros políticos que hay en el país puedan salir y tener un sistema judicial independiente, que trabaje para el pueblo y no como un arma para la persecución política”, afirmó Romero.

El director ejecutivo de Foro Penal dijo en inglés que su organización ha “aprendido a luchar cada día contra el miedo”, porque “el miedo paraliza”.
“No hay que hacer justicia por nuestra propia mano, pero está en nuestras manos hacer justicia”, concluyó Romero.

El Departamento de Estado entregó también el mismo galardón a Azimjon Askarov, periodista y activista por los derechos humanos de Kirguistán, por sus esfuerzos por la paz en la república centroasiática entre uzbekos y kirguís.

Askarov sigue preso, por lo que su hijo fue el encargado de recoger el reconocimiento.

Ejército de Sudán del Sur comete atrocidades contra población civil: Human Rights Watch

SinEmbargo
Juba – El Ejército de Sudán del Sur y milicias aliadas cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, según denunció hoy un nuevo reporte de Human Rights Watch (HRW).

El Ejército mató a unos 60 civiles sin motivo, entre ellos niños y personas mayores, en la zona norte rica en petróleo. Las víctimas fueron colgadas, fusiladas o quemadas en vida.

Otras 63 personas fueron violadas por soldados y milicianos, a veces reiteradamente, se indicó.

Debido a la violencia nuevamente numerosas personas se vieron desplazadas de la región. Muchas huyeron a una base de las Naciones Unidas en la ciudad de Bentiu o a bosques en las cercanías. De acuerdo con diferentes estimaciones, en los últimos 18 meses hubo dos millones de desplazados.

El Estado más joven del mundo se hunde en el caos desde que escaló una lucha de poder entre el presidente Salva Kiir y su ex vicepresidente Riek Machar. El conflicto también tiene un trasfondo étnico.

Para su informe de 42 páginas, Human Rights Watch entrevistó a 170 sobrevivientes y testigos. Las atrocidades se registraron entre abril y junio, durante una ofensiva militar contra posiciones rebeldes en el estado de Unity.

Igreja acusa chavismo de tentar impor governo totalitario na Venezuela

Folha de San Paulo
A Conferência Episcopal Venezuelana acusou nesta quarta-feira o partido no poder e o presidente Nicolás Maduro de tentar impor um governo totalitário na Venezuela, o que alimentou os protestos opositores que já duram quase dois meses, com um saldo de 39 mortos.

A origem dos protestos é "a pretensão do partido oficial e das autoridades da República de implantar o chamado plano da pátria [criado pelo presidente Hugo Chávez], por trás do qual se esconde a imposição de um governo totalitário", declarou o monsenhor Diego Padrón, presidente da Conferência.

Padrón lamentou em uma coletiva de imprensa a polarização política que se agravou na Venezuela após uma série de manifestações antigovernamentais iniciadas por estudantes no dia 4 de fevereiro e às quais se somaram os partidos opositores para denunciar a insegurança, a inflação de 57%, a escassez de alimentos, a repressão policial e a detenção de opositores.

O que está ocorrendo na Venezuela é "muito grave tanto por sua magnitude quanto por sua duração, violência e consequências terríveis para nosso presente e futuro", acrescentou Padrón, que rejeitou a "criminalização do protesto cidadão" e a violação de direitos humanos.

"Denunciamos a abusiva e desmedida repressão contra eles [os manifestantes], as torturas das quais foram alvos muitas das pessoas detidas e a perseguição judicial aos prefeitos e deputados contrários ao governismo. O governo se equivoca ao querer resolver a crise pela força, a repressão não é o caminho", acrescentou.

O religioso se pronunciou em favor da mediação do Vaticano em um eventual "diálogo sincero" com todos os setores do país, o que já foi aceito pelo governo venezuelano, que semanas atrás instalou uma mesa de negociação com distintos setores, mas na qual grande parte da oposição rejeita participar.

O Vaticano, explicou Jorge Urosa Savino, arcebispo de Caracas, não recebeu uma notificação oficial do governo para participar de um diálogo.

Os protestos opositores deixaram 39 mortos, mais de 550 feridos e mais de 150 pessoas permanecem detidas, entre eles o líder do partido opositor Vontade Popular, Leopoldo López, e dois prefeitos opositores que foram destituídos de seus cargos.

Chipre: La detención abusiva de migrantes y solicitantes de asilo infringe las leyes de la UE

Amnesty International

* Cada año se detiene a cientos de personas en condiciones parecidas al encarcelamiento

* Es práctica habitual mantener retenidas hasta 18 meses o más a personas que no han cometido ningún delito

* Entre las personas detenidas hay solicitantes de asilo, incluidos refugiados sirios.

* Dos mujeres fueron separadas a la fuerza de sus hijos en edad preescolar.

Las autoridades de inmigración chipriotas tienen como práctica habitual la detención de cientos de migrantes y solicitantes de asilo en condiciones parecidas al encarcelamiento durante largos periodos mientras aguardan su expulsión, ha dicho Amnistía Internacional. Entre las personas detenidas hay refugiados sirios y mujeres separadas de sus hijos pequeños.

Los indicios recogidos por los investigadores durante una reciente visita a Chipre indican que las autoridades se están aprovechando de las leyes de la Unión Europea (UE) al imponer la detención automática de migrantes y solicitantes de asilo sin aplicar las salvaguardias necesarias, que disponen la detención como último recurso. La práctica también vulnera el derecho internacional.

“Al detener a decenas de personas durante meses seguidos, Chipre muestra una escalofriante falta de sensibilidad y un total menosprecio por sus obligaciones internacionales”, ha dicho Sherif Elsayed-Ali, jefe del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

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Yemen: Tres años después, sin justicia por los homicidios de manifestantes en Saná

Amnesty International

En una manifiesta falta de acción, las autoridades de Yemen no han llevado a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte de al menos 50 personas –entre manifestantes pacíficos y transeúntes– en Saná durante uno de los episodios más sangrientos de la sublevación de 2011; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

Cuando se cumple el tercer aniversario de los homicidios del “Viernes de la Dignidad”, la organización pide la creación de una comisión de investigación independiente y con asistencia internacional para que investigue estos hechos y todas las demás violaciones de derechos humanos cometidas durante 2011.

“Han pasado tres años desde la masacre del 'Viernes de la Dignidad’ y las autoridades yemeníes todavía no han llevado a cabo una investigación creíble ni han hecho justicia. La promesa de establecer una comisión de investigación independiente que hizo el presidente Abd Rabu Mansur Hadi sigue sin cumplirse", ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Al tomarse con tanta calma la adopción de medidas que garanticen una investigación completa e imparcial sobre estas muertes, las autoridades yemeníes transmiten el inquietante mensaje de que la justicia y la rendición de cuentas no son prioritarias para ellas.”
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Baréin - Presos mueren por trágica situación de cárceles

HISPANTV
Maltratos, torturas, hacinamiento, falta de servicios médicos, entre otras vejaciones, son parte de la situación infrahumana que viven los prisioneros políticos en Baréin, detenidos sólo por utilizar su derecho a la libertad de expresión.

La situación deplorable de las cárceles del régimen de Al Jalifa y la falta de atención humanitaria habría costado la vida el pasado 11 de octubre al ciudadano bareiní Yusef Ali al-Nashmi, quien fue detenido en agosto pasado en el marco de la brutal represión de las tropas de seguridad del régimen contra una manifestación popular.

Zainab Abdulaziz, la abogada del fallecido que murió después de ser trasladado a un hospital, condenó el sábado a los funcionarios de la prisión por ignorar el empeoramiento de la condición de salud del recluso.

Denunció que las autoridades penitenciarias del régimen de Baréin "esperaron demasiado tiempo para proporcionar tratamiento médico" e ignoraron el deterioro de la salud de Al-Nashmi.

Abdulaziz también, afirmó que las autoridades hospitalizaron a Al-Nashmi después de que cayera en coma el 23 de septiembre.

Un gran número de personas acudieron el sábado al funeral de Al-Nashmi en Jidhafs, un suburbio al oeste de Manamá, capital bareiní. Los manifestantes marcharon hacia la capitalina Plaza de la Perla, el emblemático lugar donde iniciaron las protestas antigubernamentales en el pequeño reinado del Golfo Pérsico.

Los indignados corearon consignas contra el despótico sistema de Al Jalifa, y exigieron "la caída del régimen".

La Policía usó granadas de sonido y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La violencia policial dejó herido a un manifestante.

Desde el 14 de febrero de 2011, Baréin es escenario de manifestaciones populares que son reprimidas por las fuerzas de seguridad, secundadas por las tropas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y con el apoyo logístico de países occidentales, principalmente de Estados Unidos.

El Senado mexicano debe poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos de las fuerzas armadas

Amnesty International

El sistema de justicia militar de México no se ocupa de las víctimas de las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la marina del país, pero el Senado mexicano tiene una oportunidad clave para cambiar esta situación, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Si la cámara legislativa mexicana quiere demostrar que está realmente decidida a hacer valer los derechos humanos, aprovechará esta oportunidad clave para reformar el sistema de justicia militar de una vez por todas y garantizar que la justicia civil investiga y enjuicia todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas”, ha señalado Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México.

“De este modo, México se ajustaría a las normas internacionales de derechos humanos, así como a los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sobre esta cuestión a lo largo de los últimos años.”

Numerosos mecanismos de derechos humanos de la ONU han recomendado que las autoridades mexicanas reformen el sistema de justicia militar, en particular que limiten su alcance y garanticen que el sistema de justicia civil se ocupa de la investigación y enjuiciamiento de los presuntos casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de México han determinado además que el Estado tiene la obligación de hacerlo.

Con ocasión del debate en el Senado mexicano de un proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar, Amnistía Internacional pide a los senadores que modifiquen el proyecto de ley presentado para garantizar que las violaciones de derechos humanos se investigan y enjuician en el sistema de justicia civil.

Amnistía Internacional México ha escrito a los miembros del Congreso mexicano y ha estado captando apoyos entre ellos, y su director, Daniel Zapico, hará hoy una presentación ante el Senado en el marco de una serie de sesiones públicas sobre el proyecto de ley de reforma del Código de Justicia Militar.

“La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo, en la región de América y en México en particular muestra que la justicia militar es un obstáculo a la hora de poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pues carece de independencia, imparcialidad y transparencia”, ha afirmado Zapico.

“Desde la matanza de Tlatelolco de 1968 hasta la desapariciones forzadas de Nuevo Laredo de agosto de este año, Amnistía Internacional ha documentado una ausencia sistemática de investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas, lo que deja a la víctimas y a sus familiares sin acceso a la verdad y la justicia”, ha explicado Zapico.

Según el informe Aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad, que Amnistía Internacional presentará en el examen periódico universal de la ONU en octubre de 2013, desde 2006 ha aumentado el número de casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, y en la mayoría de ellos ha habido impunidad.

Pena de Muerte en China. Rompe la muralla del silencio

Amnesty International

En China, miles de personas son ejecutadas cada año. Sin posibilidad de solicitar un indulto y posiblemente, tras haber confesado bajo coacción. ¡Actúa!

Acto en solidaridad con Li Yan,
condenada a muerte en China

Cualquier cálculo de personas condenadas a muerte y ejecutadas en China es una mera aproximación: se trata de un secreto de Estado. La falta de estadísticas oficiales públicas sólo permite hacer cálculos muy por debajo del número real. En el pasado, tanto expertos como representantes oficiales han calculado que la cifra rondaba muchos miles y, aunque fuera cierta la afirmación de que el número de ejecuciones ha disminuido desde que el Tribunal Supremo Popular empezó a revisar todos los casos de pena de muerte en 2007, los cálculos seguirían estando en torno a varios miles. En China se llevan a cabo, sin duda, más ejecuciones que en el resto del mundo en su conjunto.

Además, la pena capital se aplica por una amplia variedad de motivos. Hasta 55 delitos están castigados con la muerte. Si bien en 2011, el gobierno eliminó la pena de muerte para 13 delitos, la realidad es que aún son muchos los delitos que se siguen castigando con la muerte, muchos de ellos no violentos, como el tráfico de drogas o algunos de índole económico.

Sin embargo, los elevados índices de sentencias de muerte y ejecuciones no son el único motivo de preocupación: ninguna persona es sometida a un juicio justo en el país asiático. Se dictan sentencias basadas en “confesiones” obtenidas mediante tortura y no existe un procedimiento que permita presentar solicitud de indulto. Además, la policía, los fiscales y los tribunales no son independientes: siguen sujetos a la supervisión del Partido Comunista Chino y por tanto a injerencias políticas; no existe la presunción de inocencia ni el acceso sin demora a representación letrada. Los propios funcionarios chinos han admitido que el problema de las “confesiones falsas” es generalizado. Por último, un dato sorprendente que ilustra la falta de imparcialidad en todos los juicios chinos es que el índice de sentencias condenatorias en el país sea prácticamente del cien por cien.

Es necesario que la muralla de silencio que oculta la realidad de la pena de muerte en China caiga de una vez.

Emiratos Árabes Unidos - Denuncias de tortura sistemática en las cárceles

Amnesty International

En cartas manuscritas de personas detenidas, sacadas clandestinamente de la cárcel, se afirma que agentes de seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han sometido a detenidos a malos tratos sistemáticos, incluida tortura. Así lo han manifestado hoy Alkarama, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las organizaciones han recibido 22 declaraciones escritas por algunas personas de un total de 94 sometidas a juicio por su presunta participación en una trama para derrocar al gobierno. Los malos tratos descritos en las cartas coinciden con otras denuncias de tortura en centros de seguridad del Estado de EAU e indican que la tortura es práctica sistemática en estos lugares.

En las declaraciones se explican con diverso grado de detalle las condiciones en prisión preventiva. Varios detenidos describen malos tratos que se ajustan claramente a la definición de la tortura del artículo 1 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que EAU ratificó en julio de 2012. “Me golpearon en todo el cuerpo con un tubo de plástico –explica un detenido–. Me ataron a una silla y amenazaron con aplicarme electrocución si no hablaba. Me insultaron y me humillaron.”

“El sistema judicial de EAU perderá toda credibilidad si estas denuncias se ocultan debajo de la alfombra a la vez que encarcela a quienes critican al gobierno –ha manifestado Joe Stork, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch–. Si el gobierno no investiga y toma medidas, será difícil no llegar a la conclusión que la tortura es práctica habitual en EAU.”

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http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/denuncias-de-tortura-sistematica-en-las-carceles/?pk_campaign=rs&pk_kwd=tw-com

La ONU critica la nueva ley húngara que criminaliza a los «sin techo»

ABC.es
Prohíbe dormir en la calle a las 30.000 personas sin hogar en un país con insuficientes refugios para ellos

La ONU criticóeste miércoles una reciente enmienda de la Constitución de Hungría que autoriza a las autoridades nacionales y municipales a prohibir dormir en espacios públicos y «criminaliza a las personas sin hogar», unas 30.000 en este país.

«El Gobierno está institucionalizando la criminalización de los sin techo y promoviendo su estigmatización. Esta reforma fomenta los prejuicios e impide el disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas sin hogar», señaló la relatora especial de la ONU sobre la pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda.

La relatora especial para una vivienda digna, Raquel Rolnik, advirtió de que la prohibición de dormir en los espacios públicos, en un contexto de alternativas limitadas de alojamiento para los sin techo y personas con escasos recursos, es «contraria a los derechos humanos de la igualdad y la no discriminación».
Reforma apresurada

Rolnik señaló que en Hungría el espacio en los centros de refugio es insuficiente y que el Gobierno no dispone de un plan para atender a las 30.000 personas que viven en la calle en el país.

Las dos relatoras urgieron al Gobierno húngaro a retractarse de esta modificación constitucional y expresaron su preocupación porque este proceso de enmienda se llevó a cabo de forma apresurada y sin tiempo para realizar una consulta popular.